Es grave la situación de derechos humanos que se presenta en Cantagallo, Sur de Bolívar, por los enfrentamientos entre manifestantes que exigen el derecho a la salud y el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- que con gases lacrimógenos ataca a la población y desaloja a los habitantes de sus viviendas.

Desde el 18 de febrero se vienen presentando manifestaciones pacíficas por parte de comunidades del municipio de Cantagallo, donde exigen, por un lado, atención para los más de 7000 mil afectados por la crisis de salud que se presenta en la región, y, por el otro, el cumplimiento frente a la reactivación de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, acordado con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular desde el año pasado. En ese contexto, el ciudadano Oscar Luis Peña Redonda resultó muerto luego de verse asediado por las acciones del Esmad.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos denunció en comunicado público a la V Brigada del Ejército Nacional, pues «un comando especial ocupó el centro comunitario del municipio de Arenal en donde funcionan varias organizaciones que hacen parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar, entre las cuales se encuentran la Fundación Rescate Cultural -FUREC- y la Cooperativa Multiactiva COOMUARENAL y es el lugar de reunión de varias organizaciones campesinas y afrodescendientes que tienen asiento en este municipio».

Por su parte, el Gobierno Nacional manifiesta no poder intervenir en los violentos desalojos que el Esmad viene desarrollando desde las 4 de la mañana, incluso lanzando gases dentro de las viviendas, pues la acción responde a una orden judicial emitida desde Bogotá.

Los manifestantes quemaron la casa de la alcaldesa Yaneth Cortés luego de no recibir ningún tipo de respuesta regional o nacional durante las semanas de protesta frente a las instituciones municipales. Según la mandataria, a pesar de que funcionarios del Ministerio del Interior y de la Procuraduría Regional hicieron presencia, no se llegó a ningún acuerdo.

En medio de la grave situación de salud que se vive en la región se encuentran las siguientes carencias y dificultades: dos años sin médicos en la zona rural, un solo médico en el casco urbano para atender a más de 8000 personas, infraestructura abandonada o en mal estado, déficit fiscal e incumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, pérdidas humanas por la falta de enfermeras o atención oportuna.

Las comunicaciones en esta región son difíciles, pues queda a 36 horas por tierra desde Cartagena. Incluso el Ejército ha bloqueado las vías de acceso y no se permite el paso a las organizaciones de verificación de derechos humanos. El coronel William Arias, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, asegura que «son cuatro los detenidos y un policía y un civil con heridas leves».

Además, se denuncia que en los municipios de Tiquisio, Arenal y Norosí, hay fuerte presencia de paramilitares que amenazan a pobladores y motivan la siembra de cultivos ilícitos. Mientras tanto, medios masivos de comunicación han centrado su mirada en los daños materiales de los enfrentamientos y en profundizar la estigmatización hacia los manifestantes por la histórica presencia insurgente en la región.