Por Miriela Fernández*. Para quienes acompañan de diversas formas, en la propia Colombia o más allá de las fronteras, la Mesa de Conversaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, instalada en La Habana, Cuba, cada acontecimiento en la sociedad colombiana podría ser interpretado desde la óptica de elementos a favor o en contra de este cuarto proceso de paz. Primera parte de la entrevista desde La Habana con Marco León Calarcá y la guerrillera Camila Cienfuegos, delegados de paz de las FARC.

Sin dudas, las elecciones, y sobre todo los resultados de la primera vuelta, han suscitado reflexiones de este tipo. Si bien los comicios no han dado cuenta –no es posible por la carencia de condiciones para la legítima participación- de la efervescencia del movimiento social colombiano y las fuerzas políticas emergentes, involucradas también en una salida justa y duradera al conflicto que por más de 50 años vive el país, las declaraciones de los candidatos ofrecen pistas, podrían avizorar los destinos de este proceso por parte del gobierno colombiano. Aunque, no es posible soslayar que solo en la recta final, Santos ha arrojado más luces sobre lo que acontece en La Habana y la implicación o el compromiso de su gobierno con los diálogos. De hecho, una tesis defendida por medios como la BBC ante el alto nivel de abstencionismo y la victoria de Oscar Iván Zuluaga en la primera ronda eleccionaria había sido el desinterés de las colombianas y los colombianos en relación con la paz-quedarían implícitos los intereses para mantener la guerra-, la incredulidad en este tipo de procesos, después de varios intentos que no cristalizaron, o las fallas del mandatario y su gabinete para mostrar los avances en las conversaciones con la insurgencia. En este último aspecto podría abrirse un amplio paréntesis para analizar esa actuación, como la de los medios de comunicación y otros actores simpatizantes con tal postura.

Sin embargo, desde el inicio de la Mesa y en este último período ha sido significativa la atención por parte de amplios sectores populares a los puntos que se ponen a debate. Tanto a través de los mecanismos de participación, abiertos desde el proceso oficial como desde iniciativas más autogestionadas del movimiento social colombiano, ha habido un reconocimiento a las conversaciones de paz como una oportunidad histórica. Con optimismo se recibió además el comienzo de una fase exploratoria para la instalación de un diálogo similar al de las FARC con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, con varios gestos, como el cese al fuego unilateral en distintos momentos, ya había evidenciado su compromiso de la paz con justicia social.

En entrevista con Marco León Calarcá y Camila Cienfuegos, integrantes de la delegación de paz de las FARC en La Habana, destacaron que “esas diferentes acciones muestran que el pueblo colombiano quiere la paz”. Al recorrer cada uno de los puntos discutidos hasta el momento, mis interlocutores no solo dieron cuenta de los pasos dados, sino también enfatizaron como resultado importante en la revisión e inclusión de una diversidad de propuestas que han caminado desde abajo, desde los sectores populares.

Miriela Fernández: Se ha dicho que este es el proceso de paz que más ha avanzado en la historia de Colombia. Quien haya seguido las conversaciones durante este año y medio conoce que ha habido varios avances en los puntos de reforma rural, participación política y drogas ilícitas. ¿Cuáles han sido hasta hoy los aportes concretos que quedan para los actores involucrados y la ciudadanía colombiana?

Marco Calarcá: Bueno, realmente nosotros comenzamos este proceso hace más de año y medio, a partir de septiembre del 2010 cuando empezamos a conversar sobre temas concretos. En febrero del 2012 empezamos lo que conocemos como encuentro exploratorio que concluimos con el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que contiene esa agenda de seis puntos. Ahí nosotros gastamos aproximadamente seis meses. Terminamos exactamente el 26 de agosto del 2012 y para empezar el desarrollo de la agenda, en la Mesa de Conversaciones, pues gastamos otros tres meses porque ese inicio fue el 19 de noviembre del 2012.

Entonces, si uno mira los tiempos -estoy siendo explícito en esto para tener en cuenta que no es como dicen en mi tierra “soplar y hacer botellas”-, es un conflicto en todos los órdenes económico, político, social, cultural, que lleva más de cincuenta años.

Nosotros acabamos de cumplir como FARC–EP cincuenta años, pero el conflicto va más allá. Nosotros podemos situarlo perfectamente en la Ley 200, Ley de tierras de 1936. Entonces no es para justificar que se demore (el diálogo) o no se demore es para aportar elementos al análisis de los tiempos. Todos queremos en Colombia, en Nuestra América y en el mundo lograr la paz, pero no es un problema solo de voluntad, es un problema de que hay escollos fuertes por las concepciones e ideas políticas que predominan. El planteamiento nuestro es muy sencillo, paz con justicia social, dignidad, que la gente pueda vivir de su trabajo, soberanía, democracia plena.
Bien, a partir de noviembre empezamos la discusión de la agenda y hemos logrado acuerdos parciales, hay que decirlo, en tres puntos: el punto que tiene que ver con la tierra, reforma agraria integral; el punto que tiene que ver con la democracia, la participación política y el que tiene que ver con el problema de las drogas ilícitas,  con mucho nexo con el primer punto. Y resalto que son acuerdos parciales porque hay salvedades desde temas importantes que más temprano que tarde tenemos que abordar en la construcción de este acuerdo.

Consideramos que en el primer punto hemos logrado importantes avances en torno al desarrollo de la economía campesina, para garantizar que la tierra se le entregue al que la trabaja, los campesinos, la población rural. Esta incluye a los campesinos, los indígenas y a las comunidades negras. Es para que se les sea legalizada la tierra que ya posee, toda la tierra que ya está en manos de la gente va a ser legalizada. Ese es un aporte muy importante. También hemos dejado claro en el acuerdo que no se trata solo de entregar la tierra, sino de generar las condiciones para que la gente pueda vivir del trabajo de esa tierra. Tiene que ser productiva, y para ello, tener la asistencia técnica, tener herramientas, agregarle valor a las cosechas. Hay que tener garantías para la comercialización de los productos, hay que tener precios, vías de comunicación para poder comercializar. Es decir, una infraestructura económica, social porque hemos hablado de la necesidad de las escuelas, de centros de salud, hospitales, atención médica, y de que haya formación para que campesinos y campesinas, ya sean indígenas, negros y negras, mestizos, puedan aumentar la productividad del campo, que hayan las mismas condiciones de bienestar social que nos estamos planteando para las ciudades, empezando por la simple energía.

Colombia es un país con un potencial energético muy grande pero con una capacidad instalada de distribución de energía muy pequeña. No se distribuye para el campo. Todo eso está incluido dentro del primer punto. Hay salvedades, decimos, como el tema del latifundio. El gobierno colombiano no quiere tocar el latifundio y entonces hemos acordado que haya un fondo de tierra y no tenemos hasta ahora el tamaño de ese fondo para responderá los problemas de la población rural. Nosotros pensamos que eso se resuelve quitándole tierras al latifundio, empezando, claro, por el latifundio improductivo. En Colombia decir latifundio y latifundio improductivo es un pleonasmo porque todos son improductivos. Fundamentalmente están destinados a la ganadería y llegamos al exceso en Colombia de que a cada vaca le corresponde dos hectáreas,  32 millones para 16 millones de cabezas de ganado. Entonces decimos que hay que recortar el latifundio para volver esa tierra productiva. Hay que parar la extranjerización de la tierra.  No se puede vender la tierra a las potencias extranjeras y mucho menos a las transnacionales. Tenemos que hacer una reorganización territorial, que se sepa cuál es la tierra para los cultivos, la ganadería, para utilizar en la minería, ese ordenamiento territorial hace falta, digamos, que esas son las principales salvedades en ese primer punto.

El segundo punto de participación política empezó muy mal porque se trató de instalar en el ideario de la gente que se trataba de la participación política de guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EPy nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros nunca hemos pensado en este diálogo ni en los anteriores, porque este ya es el cuarto intento, nunca hemos pensado en beneficios propios o solucionar los problemas de los guerrilleros y las guerrilleras. En el centro de estos acuerdos están los problemas de la mayoría. Resuelto el problema de las mayorías de los colombianos, resuelto el problema de guerrilleros y guerrilleras.

Entonces estamos hablando de democracia, de que haya democracia real. Hablamos de las necesidades de reformar el Estado, la justicia, el sistema electoral y todo eso quedó tocado, digamos, pero falta redondear aspectos democráticos, por ejemplo, en lo referente a los medios de comunicación porque no hay competencia democrática cuando solo unos pueden ser escuchados, cuando unos, los poderosos, pueden dar información y los sectores populares no tienen acceso a eso. Pues tendiente a tocar ese tema, a resolver eso, acordamos un nuevo canal de televisión para los movimientos sociales y políticos, pero es insuficiente porque estamos hablando además de un canal de televisión cerrada. Es un avance, pero es insuficiente y hay problemas serios…Para hacer política la gente tiene que estar viva. Entonces hay que garantizar el derecho a la vida, y mientras exista la doctrina de la seguridad interna, rigiendo los destinos del país, en la cual se considera al propio pueblo como enemigo, no hay garantía para la vida, y mientras exista como herramienta funesta del Estado el paramilitarismo, no hay garantía de vida, y sin garantía de vida no se puede hacer política.

M.F: Se acordó también otorgar derechos políticos a los movimientos sociales y organizar un evento para discutir, elaborar ese mecanismo de participación política de los movimientos sociales y organizar un evento en el que sean los partidos políticos los que elaboren el estatuto de la oposición, que está mandatado por la Constitución del 91, o sea que llevamos más de 20 años, está en la Constitución y no lo cumplen… Bueno, la paz está también en la constitución y tampoco se cumple.

M.C: Ese es uno de los aspectos más complejos, teniendo en cuenta que las FARC han sido acusadas de relaciones con el narcotráfico, lo que Zuluaga utilizó también en su campaña electoral. ¿Qué representa para ustedes y luego, para los colombianos y colombianas el acuerdo en este punto?

Nosotros lo tratamos desde la siguiente óptica. Solamente la comercialización es el negocio que conocemos como narcotráfico y es un negocio propio del capitalismo y cumple con todas las normas de los negocios neoliberales. Hay una enorme tasa de ganancia, pero eso se mira como si hubiera narcotráfico y se ataca a los eslabones más débiles de la cadena. Nosotros decimos: una cosa es la producción de la hoja de coca, de la marihuana, de la amapola; otra cosa es el consumo, y otra es el negocio que es el narcotráfico y que va desde quienes compran la materia prima en las zonas rurales hasta los grandes capos del narcotráfico, que son los que sacan ya la cocaína, no las plantas, la cocaína para los centros de consumo, que son fundamentalmente los países más desarrollados como Estados Unidos y los de Europa occidental.

En esos tres aspectos abordamos la discusión de ese punto. Ya decimos, la primera parte de la producción tiene que ver mucho con el tema de la tierra. Es que los campesinos en Colombia, la población rural está produciendo hoja de coca, marihuana, amapola que es mínima. Esa población lo hace porque es el único producto que le garantiza la subsistencia. Cualquiera diría que estos campesinos se han enriquecido, y es mentira, esos campesinos subsisten, viven y mal, pero no hay ningún producto plátano, yuca, cacao, caucho ni nada que ellos puedan producir y que les permita esa subsistencia. Entonces, claro, han llegado a eso.

Por eso, decimos que las causas del cultivo son económicas y sociales. Resuelto eso entonces se resuelve el problema de los cultivos. Decimos, hay que hacer unos planes especiales enmarcados en los planes de reforma agraria integral, unos planes especiales para las zonas donde hay producción de cultivos susceptibles al uso ilícito, y ahí, en la medida en que la gente de las comunidades, acordado con las comunidades, se comprometa a dejar el cultivo entonces se desarrolla el plan para que puedan subsistir, para que puedan garantizar su vida con otra producción. Pero la gente no puede decir: dejo el cultivo, porque de qué va a vivir mientras tanto. Hemos acordado unos subsidios que le permitan a la gente hacer ese tránsito entre la economía ilegal a la producción legal. Ligado a esto decíamos del fortalecimiento de la economía familiar, planes de desarrollo alternativo, entregarle la tierra y la posibilidad de explotarla para que puedan vivir de eso.
También nosotros hemos negado rotundamente la posibilidad de seguir con las fumigaciones, la aspersión aérea. 

Se ha descampesinado el campo colombiano. Ha habido malformaciones genéticas y ha generado muchos problemas. Lo otro es que ese acuerdo también vaya amparado del compromiso de que no vuelvan a ocurrir estas fumigaciones, que han matado animales, acabado con la fauna, con la flora, la contaminación del agua, el medio ambiente. Eso también hace parte de esa gran tragedia en Colombia.

* Periodista de Caminos, revista de pensamiento socioteológico que publica el Centro Dr. Martin Luther King, Jr., de la Habana, Cuba.