28 abr CI.- El Defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera convocó a una reunión el jueves 27 de abril, a la que asistieron alcaldes, gobernadores, ministros, generales de las Fuerzas Armadas, delegados de organismos de control, y representantes de agencias internacionales, para responder a la crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó. Dirigentes sociales de las comunidades afrodescendientes e indígenas de Buenaventura y del Litoral del río San Juan asistieron al evento para exigir soluciones.
Comunidades indígenas y afrodescendientes
Cruzquilina Piraza, indígena del pueblo Wounan del municipio del Litoral de San Juan, manifestó que viajó hasta Bogotá para mostrarle al Gobierno las diferentes necesidades que sufre la población afroindígena en la región chocoana. La lideresa aseguró: “Esperamos que esta vez sí haya cumplimiento de los compromisos porque antes han afirmado responder a nuestras necesidades en las costas del litoral del San Juan y no pasa nada. En el caso de la seguridad tenemos muchas dificultades porque las comunidades han sido atacadas; necesitamos más presencia de instituciones del Gobierno, no solo de los militares”.
Pedro Pablo Granado González, integrante afro del Consejo Comunitario de San Juan -Acadesan-, mostró su preocupación en la manera como el Gobierno prohibió el comercio de madera a las comunidades, sin darles una alternativa de generación de ingresos. Frente al tema de los cultivos ilícito, Granado aseguró que “la gente se sometió a trabajarlos porque no tienen otra alternativa para generar ingresos, se hace como subsistencia para las familias, pero sabemos que es algo ilícito. Estamos acá para ver cómo va a ser la sustitución de estos cultivos, pero debe ser gradual y deben ser reemplazados con algo rentable”.
Alcaldes locales
Eliécer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura, expresó su preocupación y reclamó la colaboración del Gobierno central pues Buenaventura es la región con más desplazados del país. Según el alcalde “en el 2017 se han desplazado más de 400 familias y si no tomamos correctivos van a seguir los desplazamientos”. Uno de sus reclamos fue hacia el Ministerio de Agricultura al que le pidió “un gran proyecto agropecuario integral, pues lo que necesitan las comunidades es trabajar la tierra”.
Wilinton Ibargüen Posso, alcalde de Litoral del San Juan, aseguró que desde el 2007 la población civil está siendo atropellada por medio de masacres debido a la fuerte militarización de la zona. El alcalde reclamó que “además de uniformes [militares] queremos seres humanos que acompañen a la comunidad de manera integral. Sabemos que el Ejército Nacional realiza obras y, en vez de llegar con 30 fusiles, que nos construyan parques infantiles”. También aseguró que para toda la comunidad bajo su jurisdicción existen tan solo tres médicos.
Jhon Jared Murillo, alcalde de Bajo Baudó, explicó cómo mientras el resto de Colombia respira una relativa tranquilidad por el acuerdo de paz con las FARC, en el Baudó enfrentan el mayor índice de violencia. Algo que el alcalde calificó como una contradicción muy grande. “Este año han sido desplazadas dos comunidades, La Isla y Villaluz. En total 151 familias desplazadas en el Bajo Baudó”.
Gobernadores
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, hizo una exposición de las actividades que han desarrollado de manera conjunta las gobernaciones del Chocó y del Valle del Cauca, junto a las Fuerzas Armadas, para identificar los problemas. Toro enfatizó en la necesidad de llamar a un cede del fuego con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-. “Quiero que este llamado llegue a Ecuador, el ELN debe hacer un cese del fuego porque si no las comunidades no se pueden intervenir de manera integral”.
Carlos Alberto Palacios, gobernador del Chocó, insistió en que luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, los paramilitares están luchando contra el ELN por copar el control de las zonas que dejó este grupo guerrillero. Para el gobernador de este departamento “El problema no es la hoja de coca, el Chocó tiene únicamente el 7% de la producción de hoja de coca. Nuestro litoral es el corredor estratégico de los grupos narcotraficantes como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y las Fuerzas Militares tiene que controlarlo para evitar los desplazamientos”.
Fuerzas Armadas
Juan Pablo Rodríguez, Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, resaltó el aumento del pie de fuerza en el departamento del Chocó, ya que pasaron de 800 hombres en el año 2009 a más de 6500 en 2017. Según Rodríguez, el decomiso de cocaína, capturas a miembros de grupos armados ilegales, y la destrucción de maquinaria para la minería ilegal, justifican este aumento de militarización.
El General Mauricio Moreno, Comandante de la Fuerza de Tarea Titán, que funciona en el departamento de Chocó, siguió con una presentación que evidenció el despliegue de las FFAA por todo el departamento. Sin embargo, reconoció que “la inestabilidad del departamento también responde a la ausencia de instituciones del Estado como la Fiscalía”. Así mismo, el Almirante Hernán Espejo, Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, reconoció que la “falta de oportunidades de la juventud son un caldo de cultivo perfecto para que sigan en el negocio del narcotráfico”.
Agencias Internacionales
Yukiko Iriyama, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados -Acnur-, criticó que en el actual contexto de posacuerdo con las FARC, la costa pacífica se haya visto afectada por desplazamientos masivos. Según Iriyama: “De acuerdo con el seguimiento de la Acnur, en el año 2016 se desplazaron 11300 personas y en 2017 van 6000 personas. El deterioro de la situación humanitaria en el pacífico tiene un gran impacto en las comunidades indígenas y afrocolombianas”.
Esta primera reunión de ‘Alto nivel’ entre las comunidades y el Gobierno central sirvió como un escenario de encuentro para reconocer la vulnerabilidad de las comunidades del Chocó y la débil respuesta de las instituciones nacionales, incluso advertidas por la Defensoría del Pueblo. Comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas hoy son víctimas de la ausencia de salud, vivienda, trabajo y educación; en un ambiente fallido de implementación de los acuerdos de paz con las FARC, sumado al conflicto armado con paramilitares, insurgencia y fuerzas militares. Se esperan noticias de la ejecución de planes gubernamentales en el departamento de Chocó.
CI JA/DM/28/4/17/18:00
