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Acusan al Ejército de infracción al Derecho Internacional Humanitario en Boyacá

16 feb. CI.- Los días 8 y 9 de febrero 2017 se realizó una misión de verificación a la vereda Sabanalarga, municipio de Pajarito, departamento de Boyacá en la que representantes de instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales constataron varias infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- por parte de miembros del Ejército contra habitantes de la zona, según la denuncia realizada el 2 de enero.

En la misión participaron el coordinador de las misiones de verificación en terreno del ministerio del Interior, la delegada del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el Defensor Comunitario del Territorio de la Defensoría del Pueblo, 3 delegados de Bienestar Familiar, un delegado de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, varios delegados de las organizaciones sociales Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria -Cospacc- y la Asociación  Nacional Campesina ‘José Antonio Galán Zorro’ -Asonalca-, además de un delegado de la Administración Municipal. La misión recibió el acompañamiento de diferentes organizaciones y periodistas internacionales.

El objetivo principal de la misión, según los asistentes, fue la garantía de derechos de los campesinos ante lo que se caracterizó como “lamentable ausencia de la Personería Municipal de Pajarito y del alcalde del municipio”, quienes tampoco atendieron el llamado de la comunidad para la actividad.

La misión fue solicitada en una alerta temprana por parte de Cospacc y Asonalca, como consecuencia de una alarmante denuncia de los habitantes de la vereda Sabanalarga en la que se acusa al Ejército de intimidar a los habitantes, restringir su libre desplazamiento, registrar sin orden judicial una vivienda y señalar a los habitantes del sector. Además, la comunidad informó sobre enfrentamientos armados cerca de sus viviendas que habrían dejado un muerto como resultado. 

Según las organizaciones sociales, el 5 de enero en un consejo de seguridad en la sede de la Alcaldía Municipal de Pajarito (Boyacá) fueron tratados algunos temas relacionados con la acción urgente sin la presencia de las partes afectadas. Por su parte, la Fuerza Pública rechazó en un informe las acusaciones, afirmando que los hechos denunciados no existieron y cuestionando la legitimidad de las organizaciones denunciantes. 

En hsbnoticias.com se puede leer el mismo día que “la Primera Brigada adscrita a la Segunda División, en diálogo con EXTRA desmintió las acusaciones y aseguró que lo que hicieron los uniformados fue protegerlos en medio de una operación que adelantaban contra el ELN”. 

La misión

Representantes de las organizaciones Asonalca y Cospacc informaron que el Ejército habría admitido los enfrentamientos, pero no en la vereda Sabanalarga, sino en una zona llamada “San Antonio”. Los representantes presentes de las diferentes veredas del municipio de Pajarito coincidieron, por unanimidad, en que no conocen ninguna vereda con este nombre en su municipio.

Desmintiendo al Ejército, la población reiteró la denuncia delante de los representantes de las identidades nacionales e internacionales de derechos humanos, respecto a los hechos del 2 de enero. También informó a las personas presentes, que el Ejército ha acampado varias veces en la cancha de fútbol que pertenece a la escuela local. Los habitantes de Sabanalarga informaron, además, que el municipio de Pajarito cuenta con 14 veredas, de las que Sabanalarga es la más lejana y la más olvidada, la que está sufriendo por falta de un puesto de salud, de la presencia de un profesor o una profesora en la escuela y de una vía de acceso.

La comunidad y los demás delegados exigieron respeto de las Fuerzas Armadas a los campesinos. No quieren que hayan enfrentamientos cerca de sus casas, de sus hijos e hijas y que sin orden de allanamiento irrumpan en sus casas.

El representante de la Defensoría del Pueblo concluyó, tras la misión, que este tipo de enfrentamientos tendrían que considerarse como “infracción al DIH” y por otro lado que “los responsables municipales deben cumplir con sus obligaciones frente a los derechos del campesino como al acceso de la salud, de la educación y a la vía”.

CI BJ/MP/16/02/17/15:00

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