2 mar. CI.- Desde el principio del año la comunidad de Cantagallo, sur de Bolívar, está presentando una problemática de toma de terrenos ante la necesidad de tener una vivienda digna, luego del desplazamiento paramilitar en el año 2002 y la inundación del 2011.

En los últimos meses se ha agudizado la problemática para más de 300 familias en sus territorios porque no existe trabajo en el municipio, y  ante la imposibilidad de mantener una vida digna pagando arriendo, se vieron en la necesidad de tomar tierras en diferentes terrenos para mejorar sus calidades de vida. Ahora esperan que Erlides Arango, alcaldesa del municipio, les de una solución pronta.

Algunos de los dueños de esas tierras les han permitido asentarse, pero otros no. A esto se le suma el inexistente servicio del mínimo vital de agua potable a pesar de que se han invertido más de 25 mil millones de pesos en saneamiento básico, tanto en acueducto como alcantarillado.

El acueducto lleva más de 5 años en construcción y aún no se termina la obra; el plan maestro tenía una duración de dos meses y van 14, y apenas se ha cumplido un 20 %. Anteriormente el servicio era suministrado por el municipio de Cantagallo, y desde hace más de 1 año empezó a operar una empresa llamada Aguas Cantagallo, pero en una reunión entre la comunidad y el gerente Henry Durán, los habitantes expresaron su inconformidad con el servicio prestado en puntos concretos, la continuidad del servicio y la calidad del agua.

En la segunda reunión sostenida con él se le solicitó que hiciera una encuesta de las viviendas a las que les prestaba el servicio para tener una base de datos de los consumos de agua porque a todas las viviendas, sin distinguir la cantidad de habitantes, le están cobrando 18 metros cúbicos de agua, consumo que corresponde a una vivienda en la que habitan 5 personas. Al respecto, la Ley 142 de 1994 establece que los usuarios tienen derecho a conocer la medición de sus consumos reales, y le da un plazo máximo de seis meses a la empresa suministradora para hacer el estudio y entregar los resultados.

Historia Paramilitar

En mayo del año 2002, grupos paramilitares desplazaron a la comunidad de Cantagallo de sus tierras. Al presidente de la JAC, Mario Sampayo, los paramilitares lo sacaron de su domicilio con el fin de asesinarlo y, aunque logró escapar con varias heridas, fue finalmente asesinado en el hospital.

Ante esto, las familias pidieron al Gobierno garantías para el regreso a sus tierras y recibieron un respaldo militar que a los pocos días desapareció.  Así lo declaró José Daniel, uno de los habitantes de la zona.

Para el año 2011, luego de la oleada del Fenómeno del Niño, una inundación desbordó los ríos Cimitarra y Magdalena, ocasionando que muchas familias perdieran sus viviendas. La ayuda estatal consistió en dar alimentos unas semanas, pero no hubo proceso de reubicación ni ayuda en la reconstrucción de las viviendas.

Los terrenos de Cantagallo en su mayoría no son aptos para la construcción. No obstante, la Ley 9 de 1989 de reforma urbana establece la posibilidad de que los municipios creen bancos de tierras, como un mecanismo para adquirir inmuebles con diferentes fines, como la ejecución de planes de viviendas de interés social. Actualmente en el municipio no se han desarrollado proyectos de vivienda de interés social a pesar que estos recursos los otorga el Gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-  y los beneficiarios pueden recibir subsidios hasta por 30 salarios mínimos legales vigentes.

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